Hace dos años estuve en Gutiérrez y Guayabetal acompañando a cuarenta familias campesinas como extensionista agropecuaria. Lo que encontré no fue solo un diagnóstico técnico de sus fincas: fue el abismo entre lo que se escribe en un plan de desarrollo y lo que pasa en el potrero. Campesinos envejecidos, jóvenes que no ven oportunidades en el campo, tecnología que llega tarde o no llega, y decisiones territoriales que se toman a cientos de kilómetros de quienes las viven.
Con la experiencia comprendí que esta brecha no responde a una falta de recursos: Colombia cuenta con potencial edafoclimático, disponibilidad hídrica y gente joven con ganas de sacar el campo adelante. El verdadero nudo crítico está en quién decide sobre esos recursos y desde dónde se decide. Lo digo sin rodeos: si la juventud rural no incide de manera efectiva en la planificación de sus territorios, ni la tecnología ni la educación llegarán a donde realmente se necesitan. La gobernanza territorial no es una meta accesoria ni un concepto decorativo; es el eje sobre el cual se sostiene cualquier posibilidad real de desarrollo.
Un país rico que no logra alimentarse a sí mismo
Los informes de la FAO y otros organismos de Naciones Unidas respaldan esta realidad: América Latina y el Caribe tienen la dieta saludable más costosa del mundo y alrededor de 181,9 millones de personas en la región no podían costearla en 2024. Ser una potencia exportadora no equivale a garantizar la soberanía alimentaria interna.
El déficit no es un accidente de producción, sino el resultado de fallas estructurales. Mientras la política pública prioriza monocultivos de exportación, la agricultura familiar —uno de los pilares de la seguridad alimentaria— sigue enfrentando abandono, falta de crédito, dificultades de acceso a los mercados y desplazamiento forzado. Las barreras persisten porque los esquemas de decisión mantienen dinámicas centralistas e inerciales.
La gobernanza territorial y el relevo generacional
La pregunta de fondo no es solo cuánto podemos producir, sino quién decide cómo se produce y para quién. La política pública sobre juventud rural padece un marcado adultocentrismo: los territorios se planifican sin que los jóvenes tengan incidencia real en la mesa. El resultado son decisiones descontextualizadas que terminan excluyendo a quienes deberían liderar el relevo generacional.
Lo he vivido desde la otra orilla: como consejera en el Consejo Municipal de Juventud de Choachí y en el Consejo Departamental de Juventud de Cundinamarca comprobé que la incidencia real es posible, pero sigue siendo la excepción y no la regla. Desde estos espacios se pueden plantear respuestas específicas a las necesidades de cada territorio y traducirlas en estrategias efectivas de desarrollo rural.
La gobernanza territorial debe dejar de tratar a la juventud rural como beneficiaria pasiva de subsidios diseñados en la ciudad. Debe reconocerla como la generación que determinará si en veinte años Colombia tendrá un campo vivo y productivo o una ruralidad vacía.
Una ley histórica y una prueba pendiente
En 2025, Colombia dio un paso determinante con la Ley 2539, que incorporó medidas específicas para facilitar a las juventudes rurales el acceso a tierras, proyectos productivos y formación. La norma se posiciona así como una herramienta de vanguardia en la región.
No obstante, el reto de armonizar ruralidad, juventud, equidad de género y desarrollo económico apenas empieza. El riesgo de estas leyes pioneras es que queden desfinanciadas o se diluyan en la retórica. La soberanía alimentaria y la participación política de las juventudes rurales no pueden ser temas de moda: requieren presupuesto, ejecución y voluntad política.
La otra brecha: ¿quién llega a la educación superior?
Si la tierra y la gobernanza constituyen el primer eje de transformación, la educación es el segundo. Y aquí la brecha territorial es aún más profunda. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior en las zonas rurales fue del 23,9 %, muy por debajo de la observada en las zonas urbanas.
No se trata de falta de vocación ni de esfuerzo individual, sino de conectividad, infraestructura y presencia institucional. La gratuidad de la matrícula no resuelve por sí sola la imposibilidad de transportarse, conectarse o sostenerse durante el proceso. Mientras estas condiciones no cambien, la educación superior seguirá siendo para muchos jóvenes rurales un privilegio distante y no un derecho garantizado.
Tecnificación agraria: el puente pendiente
En materia tecnológica, la deuda es contundente. Un documento reciente del Ministerio de Agricultura estima que solo el 31 % del sector agro utiliza tecnologías de la información y la comunicación en actividades de asistencia técnica o producción.
La distancia entre capacidad y uso también resulta reveladora: la UPRA sitúa la frontera agrícola de Colombia en 39,6 millones de hectáreas, mientras que las evaluaciones agropecuarias municipales registraron 5,3 millones de hectáreas sembradas en 2021. Las dos magnitudes no son equivalentes, pero juntas muestran cuánto depende el potencial agrario de una planificación responsable y adaptada a cada territorio.
La tecnificación no puede concebirse como un paquete estandarizado impuesto desde un escritorio. La experiencia con las comunidades de Cundinamarca me enseñó que la tecnología solo transforma un territorio cuando existe un acompañamiento humano que escucha y comprende sus dinámicas. Los sistemas de información geográfica o la analítica de datos solo generarán impacto si la extensión rural recupera su lugar como puente vivo entre la innovación y el campesinado.
El futuro sin plazos
Gobernanza, financiación, educación integral e innovación tecnológica no son temas aislados: constituyen los ejes para convertir el potencial agropecuario de Colombia en equidad, desarrollo y progreso tangible.
Recordar los rostros de los jóvenes de Gutiérrez, Guayabetal y tantos otros municipios de Colombia me recuerda por qué elegí la ingeniería agronómica y la política territorial. En sus ojos no hay falta de vocación ni desinterés por el campo; hay el desgaste de ver que el esfuerzo de sus padres no alcanza en un sistema que los ignora.
La tierra está lista y la juventud también; solo falta una gobernanza construida desde el territorio.
Si logramos que la gobernanza deje de ser una promesa en el papel y se traduzca en crédito, educación e innovación en el territorio, ese relevo generacional dejará de ser una utopía.
Referencias
Publicado en Gobernanza, toma de decisiones e innovación pública
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